Varios centenares
de intelectuales y profesionales han firmado en Cataluña un llamamiento a favor
de la izquierda y del federalismo para responder al creciente secesionismo
estimulado por Convergència i Unió, desde el Gobierno de la Generalitat, así
como por otras fuerzas políticas de afinidad nacionalista.
Queremos
atender esa llamada porque los promotores de una independencia inmediata de
Cataluña aducen beneficios obviando penosas consecuencias para todos. Además se
eximen de responder a los ingentes problemas que, como europeos, como
españoles, como ciudadanos de una comunidad autónoma y como vecinos de un
municipio, nos plantea la crisis económica y la incapacidad que aquí y en
Europa se advierte para adoptar decisiones válidas. Añadir una propuesta de secesión
augura, bajo el pabellón de un nacionalismo exacerbado, el desbordamiento a
corto plazo del malestar social al que nos viene arrastrando el súbito
empobrecimiento y el vértigo de la desesperanza de un número creciente de
ciudadanos.
Los
independentistas convierten su particular idea de España en el chivo expiatorio
sobre el que cargar todos los malestares. Abonan así el terreno a la exigua
minoría que, desde el resto de España, se propone hacer otro tanto con su particular
idea de Cataluña. La afirmación de que España perpetró agresiones contra
Cataluña es una desgraciada manipulación del pasado, que olvida deliberadamente
cómo en los conflictos y guerras civiles en los que todo el país se vio envuelto, los catalanes,
al igual que el resto de los españoles, se dividieron entre los diferentes
bandos.
Ni
Cataluña está sometida a un expolio por parte de España, ni el común de los
españoles alberga sentimiento alguno de menosprecio hacia ella. Bien al
contrario: Cataluña suscita afecto, admiración y reconocimiento, entre otras
razones porque sin ella, sin su lengua, sin su cultura y sin su aportación
solidaria, no puede entenderse la España democrática. Las fuerzas políticas que
han abrazado el independentismo calculan que, dada la drástica reducción de los
recursos del Estado y los padecimientos de la crisis, sería llegada la hora de
pugnar por sus aspiraciones maximalistas, sin atender al orden constitucional
pactado por todos.
En
Cataluña existe un profundo sentimiento nacional, del que el resto de los
españoles es plenamente consciente. De ahí que sostengan con firmeza que haya
de ser reconocido e integrado de nuevo en el seno de instituciones compartidas.
No obstante, si ese sentimiento de forma mayoritaria se manifestara contrario
de modo irreductible y permanente al mantenimiento de las instituciones que
entre todos nos dimos, la convicción democrática nos obligaría al resto de los
españoles a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y
respetuosa: los ciudadanos de Cataluña tienen que saber que éste es nuestro
compromiso irrenunciable. Pero tienen que saber también que en el resto de
España y en la misma Cataluña hay muchas voces que reclaman seguir avanzando
juntos.
El
programa de construcción nacional incentiva a los independentistas a sentirse
víctimas de una opresión por parte de España, a rechazar la toma en
consideración de las propuestas de entendimiento y a silenciar o relegar a
todos aquellos ciudadanos catalanes que no suscriban ese programa de secesión.
La transición de la dictadura a la democracia se hizo de la ley a la ley
pasando por la ley. Ahora, paradójicamente, los independentistas para llevar
adelante su denominada transición nacional se proponen violentar la ley
democrática, hecha por todos y para todos, con el propósito de alumbrar una ley
nueva, hecha sólo por los que se sienten llamados a una misión sin contar con
los demás. En la aritmética política sucede que el orden de los factores altera
el producto
Ni
España ni la Constitución de 1978 ni el Estatut de 2006 niegan a los
ciudadanos de Cataluña ejercer su derecho a decidir; son los partidos que
apoyan la fulminante independencia de Cataluña quienes confunden las opciones
al concurrir, una tras otra, a las citas electorales con programas edulcorados,
indoloros y sin coste político, social o económico alguno, pensando ampliar así
sus apoyos en las urnas.
Es
preciso que CiU y otras fuerzas de afinidad independentista asuman sus graves
responsabilidades en la equivocada gestión de la presente crisis económica y en
los abusos en que incurrieron y dejen de exculparse bajo el supuesto expolio
perpetrado por España. Esa estrategia de exculpación les ahorra el debate
económico y social que necesitan tanto Cataluña como el resto de España,
exacerbando y absolutizando, en su lugar, un debate nacional y nacionalista.
Consideramos,
además, que todas las fuerzas democráticas deberían sumarse en la búsqueda de un
mejor encaje institucional para Cataluña, de una financiación más justa y de una
federalización del deteriorado Estado de las autonomías, que inscriba en su
norma suprema la solidaridad inter-territorial y los criterios de su aplicación
compatibles con el esfuerzo común de todos y el principio de ordinalidad. Por
ese camino podremos seguir ampliando las cotas de libertad, igualdad, progreso
y respeto mutuo logradas con la Constitución de 1978.
Madrid, 24 de octubre de 2012